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DOBLE FISCALIDAD EN EL IRPF DERIVADA DE CONTRATOS DE SEGURO CONCERTADOS CON MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL

Empleados de Telefónica.

 

Reducción del 25 por 100 de la parte proporcional de la pensión que procede de las aportaciones a la Institución Telefónica de Previsión.

 

La Institución Telefónica de Previsión (ITP) fue una Mutualidad de Previsión Social que data del año 1.944, perteneciente al sistema de previsión social obligatorio establecido a favor de los trabajadores por cuenta ajena en determinadas actividades laborales. El colectivo protegido por la ITP eran los empleados en activo y los pasivos de Telefónica, cuya cotización era única para todo el ámbito de cobertura del Régimen General de la Seguridad Social.

 

La extinción de la ITP se produce el 31 de diciembre de 1991, previo acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre anterior, que fue adoptado en el marco del Real Decreto 2248/1985, de 20 de noviembre, sobre integración en la Seguridad Social de las Entidades que actúan como sustitutorias de aquella.

 

Al tiempo de la extinción de la ITP deben distinguirse dos colectivos: el de pasivos y el de activos.

 

  • El colectivo de pasivos, es decir, los que ya son pensionistas en el régimen de la ITP, pasan a percibir su pensión de la Seguridad Social, si bien en todos aquellos casos en que se produce una merma de derechos, Telefónica asume el compromiso de complementar la pensión, que finalmente ha venido abonando Antares como consecuencia de la normativa que obliga a la exteriorizar los compromisos por pensiones.

 

  • El colectivo de activos pasó a cotizar al régimen general de la Seguridad Social por todas las contingencias, disponiendo la normativa aplicable que los periodos por los que hubiere sido exigible la cotización a la Seguridad Social se considerarán, a efectos del reconocimiento de prestaciones futuras, como cotizados al régimen de la Seguridad Social.

 

Mediante una Resolución de fecha 25 de mayo de 1.992, dictada por la Dirección General de Planificación y Ordenación Económica de la Seguridad Social, se fijaron los costes de la integración y al ser insuficientes los recursos de la ITP, Telefónica hubo de asumir las compensaciones correspondientes al propio sistema público por razón de la transmisión de cargas, de tal forma que por el colectivo de pasivos abonó a la Seguridad Social 450 millones de euros, cantidad a la que se debe añadir la compensación directa a los pensionistas, y por el colectivo de activos (que pasaban a cotizar al régimen público) comprometió una cotización adicional sobre las bases aplicables en cada momento y durante 25 años, de un 1% más desde 1.992 hasta 1.996, y de un 2,2% más durante los 21 años restantes.

IRPF

 

 

Sobre este proceso ha habido un buen número de resoluciones judiciales, de las que se puede concluir, por un lado, la situación de quiebra de la ITP, y de otro, que la transmisión a la Seguridad Social de todo el patrimonio de aquella no fue una expropiación, sino una transferencia de recursos que venía a compensar las cargas en que se subrogaba la Seguridad Social. Al margen de la cesión patrimonial, Telefónica asumió los compromisos a que se ha hecho referencia.

 

Una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 14 de marzo de 2.012 reconoce el derecho a la reducción del 25 por 100 de la cuantía que percibe un jubilado de Telefónica a través de Antares en concepto de complemento de la pensión pública comprometido por Telefónica con ocasión de la integración en el régimen general de la Seguridad Social. La jubilación tuvo lugar con antelación al 31 de diciembre de 1.991, es decir, vigente la Institución Telefónica de Previsión.

 

La cuestión es determinar si la pensión de la seguridad social percibida por los empleados de Telefónica en activo a la fecha de extinción de la ITP y que efectuaron aportaciones a esta puede reducirse fiscalmente un 25 por 100 que prevé la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 

La ITP fue creada en cumplimiento de la Ley de Mutualidades de Previsión Social de 1.941, siendo reconocida como Entidad Gestora de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto 1879/1978, de 23 de junio, que desarrollaba la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido de 1.974. En consecuencia, actuaba como entidad sustitutoria de la Seguridad Social, de manera que los trabajadores en activo cotizaban a esa entidad y una vez jubilados percibían a través de la misma su pensión de jubilación.

 

La integración de la ITP en el Régimen General de la Seguridad Social se produce con efectos el 1 de enero de 1.992 y en virtud de ella la ITP quedó liberada del pago de prestaciones y del futuro reconocimiento de las mismas por los importes de las pensiones ya causadas o que en el futuro se devengasen, siendo asumidas por el Régimen General de la Seguridad Social.

 

Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de junio de 1.992 se acordó la disolución y liquidación forzosa del la ITP.

 

En virtud de los Acuerdos de Previsión Social de 1.992, incorporados al Convenio Colectivo de Telefónica España, S.A. 1993-1995, aprobado por Resolución de 20 de julio de 1994, la Compañía Telefónica se comprometió a abonar a aquellos empleados que tuvieran reconocida una pensión en la ITP, la diferencia en cómputo anual entre la pensión que les acreditara el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la que recibían de la ITP, renunciando los interesados a cuantos derechos pudieran ostentar derivados del Reglamento de la extinta ITP.

 

Posteriormente, el pago de esa cantidad fue asumido por la compañía de seguros Antares, S.A., creada por Telefónica para exteriorizar el pago que antes realizaba directamente la empresa.

 

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante resolución de la Dirección General de Planificación y Ordenación Económica de la Seguridad Social, determinó la aportación a realizar a favor de la Tesorería de la Seguridad Social por la ITP en base a lo contemplado en el Real Decreto 2248/1985.

 

El artículo 17.2.a).1ª de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que, en todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:

“1ª. Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley”.

 

Y la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, que mantiene la misma redacción que la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, y que la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, establece:

  • Las prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social cuyas aportaciones, realizadas con anterioridad a 1 de enero de 1999, hayan sido objeto de minoración al menos en parte en la base imponible, deberán integrarse en la base imponible del impuesto en concepto de rendimientos del trabajo.
  • La integración se hará en la medida en que la cuantía percibida exceda de las aportaciones realizadas a la mutualidad que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y, por tanto, hayan tributado previamente.
  • Si no pudiera acreditarse la cuantía de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible, se integrará el 75 por ciento de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.

Por tanto, en aquellos casos que las aportaciones a la ITP no se hayan reducido o minorado de la base imponible del impuesto será aplicable la Disposición Transitoria Segunda, con la finalidad de evitar la doble tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en que se incurriría en otro caso al tributar por la prestación de jubilación o invalidez percibida.

IRPF

Para conocer si ello es posible es preciso tener presente que cuando en 1.957 se crea el Impuesto sobre las Rentas del Trabajo Personal (IRTP) se aplicaba un tipo fijo, dependiendo de la clase de rendimientos y que con carácter general era del 15 por 100, sobre la Base Imponible reducida, dependiendo también de la clase de rendimiento, con un coeficiente reductor en función de su cuantía.

 

El artículo 26 de su Texto Refundido, aprobado por el Decreto 512/1967, de 2 de marzo establecía que “Constituirá la base imponible en este Título la cifra total de ingresos obtenidos por el contribuyente en el período de la imposición”, sin que sea deducible ningún gasto, por lo que en este sistema, las aportaciones a las Mutualidades y también a la ITP no minoraban la base sobre la que se aplicaba el impuesto sobre la renta.

 

Esta situación cambia con la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que entró en vigor el día 1 de enero de 1.979, al establecer en el artículo 19 que para la determinación de los rendimientos netos de trabajo se podrían deducir de los ingresos íntegros obtenidos las aportaciones abonadas a Montepíos Laborales y Mutualidades obligatorias cuando amparen, entre otros, el riesgo de muerte.

 

Durante la vigencia de la Ley 18/1991, de 6 de junio de 1991, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y del contenido de sus artículos 25, 28, 42 y 71.1 eran deducibles o reducían la base imponible del IRPF, las siguientes cotizaciones:

 

  • Como gasto deducible de los rendimientos del trabajo, y asimiladas a las cotizaciones a la Seguridad Social y Haberes Pasivos, las cotizaciones a las Mutualidades Generales de funcionarios.
  • Como gasto deducible del rendimiento de actividades, por funcionarios con relación profesional, otras mutualidades, no generales, pero obligatorias.
  • Como reducción de la base imponible, las aportaciones a las Mutualidades obligatorias, que amparasen el riesgo de muerte; de este precepto se deduce que el requisito sine qua non era que las Mutualidades fuesen obligatorias, además de amparar el riesgo de muerte.

 

En el artículo 16.2 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, se establece que, en todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo, entre otras, y junto con las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, orfandad o similares, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social cuyas aportaciones hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de actividades económicas u objeto de reducción en la base imponible del impuesto. Esta norma en su Disposición Transitoria Tercera disponía que la integración de las prestaciones se haría en la medida en que la cuantía percibida exceda de las aportaciones realizadas a la mutualidad que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y, por tanto, hayan tributado previamente. Si no pudiera acreditarse la cuantía de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible, se integrará el 75 por 100 de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.

 

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, permite reducir al 75 por 100 las prestaciones recibidas de Mutualidades de Previsión Social por mutualistas o beneficiarios cuyas cuotas no pudieron ser objeto de reducción o minoración en la base imponible.

 

De cuanto se ha expuesto pueden extraerse varias lecturas, con consecuencias fiscales bien diversas.

 

Por una parte, puede concluirse que como con antelación al 1 de enero de 1.979 no era posible deducir de la base imponible del impuesto sobre la renta las aportaciones de los empleados de Telefónica a la Institución Telefónica de Previsión, porque la legislación hasta entonces vigente no lo permitía, la parte de la pensión que proporcionalmente pueda corresponder a aportaciones anteriores al 1 de enero de 1979 es la que tiene derecho a la aplicación de las previsiones de los apartados 2 y 3 de la Disposición Transitoria Segunda a que nos hemos referido. En este supuesto, la pensión se reducirá en la cuantía de las aportaciones efectuadas no deducidas que pudieran acreditarse y, en su defecto, se integrará como rendimiento del trabajo solo el 75 por 100 de la parte proporcional de la pensión, es decir, reduciendo la pensión en un 25 por 100 para evitar así la doble tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 

Sin embargo, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del IRPF no habla de proporcionalidad y, en cualquier caso, se puede entender que incluso la excluye, pues al señalar su aplicabilidad en relación con aportaciones no deducidas total o parcialmente y efectuadas hasta el 1 de enero de 1.999, el resto de anualidades de cotización a la seguridad social posteriores a esa fecha no se computan. Por ello puede entenderse que, o bien el 25 por 100 de reducción se consolida por haber aportado antes del primero de enero de 1.999 y deducido total o parcialmente, o bien que, en cualquier caso, el hecho de no poder acreditar si se dedujo alguna aportación antes de esa fecha, hace al pensionista acreedor de la reducción, que en todo caso sería del 25 por 100 del total de la prestación que percibe.

 

Incluso, en el caso de que se pretendiera aplicar la proporcionalidad entre periodos de cotización, habría que tomar como referencia la fecha de inicio de las aportaciones y la del 1 de enero de 1.999, y no el total de años cotizados, ni el de estos en relación con la fecha de extinción de la ITP, como algunos pretenden mantener.

 

Será necesario demostrar en cualquier caso que hubo aportaciones anteriores al 1 de enero de 1.999 y que las aportaciones realizadas no pudieron ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto en todo o en parte, sin que pueda influir en ello la precisión que efectúa la Disposición Transitoria Segunda de la Ley cuando puntualiza “de acuerdo con la legislación vigente en ese periodo de tiempo”, pues resulta obvio que, en cualquier caso, a partir de la entrada en vigor de la Ley del IRPF de 1.978, es decir, a partir del 1 de enero de 1.999, sí podían deducirse, lo que no parece compatible con la previsión de tomar en consideración aportaciones a Mutualidades posteriores a esa fecha.

 

Es una cuestión de prueba, cuya imposibilidad de acreditación beneficia al contribuyente.

 

Robles. Julio de 2.017

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